MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
A la situación de inseguridad y crisis económica que atraviesa Haití se han sumado en estas últimas semanas las dudas imperantes sobre la respuesta de República Dominicana ante esta emergencia, en particular por su aparente negativa a acoger a los migrantes haitianos a pesar de los llamamientos de organismos internacionales a que revise su respuesta.
A comienzos de este mes de noviembre, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, hizo un llamamiento a las autoridades dominicanas para que cesasen las devoluciones forzadas de haitianos, dada "la crisis humanitaria y de Derechos Humanos" del país.
Para el austriaco, Haití no reúne a día de hoy las condiciones de seguridad adecuadas para el retorno seguro de los migrantes dada la "incesante violencia armada y las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos".
Así pues, con este caldo de cultivo en territorio haitiano, parte de la población más desfavorecida ha apostado por probar suerte en su país vecino, donde, sin embargo, se han encontrado con una respuesta marcada por la xenofobia y la discriminación racial o étnica.
De hecho, el llamamiento no solo se limita a República Dominicana, sino que Truk extendió su reclamación al conjunto de la comunidad internacional para arrimar el hombro en favor de un país, Haití, que "está "al borde del abismo" por una sucesión de emergencias que abarcan desde lo político a lo humanitario, pasando por lo social y lo económico.
Desde Santo Domingo no tardaron en responder a las palabras de Turk y, tras criticar el posicionamiento de Naciones Unidas, aseveraron que seguirían adelante con sus políticas migratorias y la repatriación de ciudadanos haitianos hacia el sector occidental de la isla La Española.
El presidente dominicano, Luis Abinader, ha llegado a tildar las declaraciones del representante de la ONU para los Derechos Humanos como "inaceptables e irresponsables", especialmente por su llamamiento a la comunidad internacional para ponerle solución a la situación.
"La política migratoria de cada país es potestad de cada Gobierno", remarcó el mandatario dominicano, confrontando directamente con Naciones Unidas y aprovechando la situación para erigirse como la nación "más solidaria entre todos los países del mundo".
En medio de las críticas internacionales, la cadena estadounidense CNN publicó hace unos días una información que apuntaba a que República Dominicana habría expulsado este año "a cientos de niños de Haití sin sus familias".
Esta información, sustentada en datos aportados en exclusiva por UNICEF, señalaba que la agencia de Naciones Unidas para la Infancia habría recibido al menos 1.800 niños no acompañados que las autoridades migratorias dominicanas entregaron en Haití desde que comenzó el año.
Aunque la Dirección General de Migraciones dominicana salió al paso para desmentir estas informaciones, incidiendo en que los haitianos deportados en ningún momento serían menores no acompañados, la situación llegó a oídos de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Los representantes estadounidenses en territorio dominicano alertaron a sus conciudadanos del aumento de controles e interrogatorios a los que se podrían enfrentar en su viaje a la isla por el simple hecho de su color de piel.
Asimismo, desde Washington denunciaron las "operaciones generalizadas" a deportar a aquellas personas que, por su simple apariencia, pudieran ser migrantes indocumentados, especialmente haitianos.
"Hay informes de que los detenidos se mantienen en centros de detención superpoblados, sin la capacidad de impugnar su detención y sin acceso a alimentos o baños, a veces durante días, antes de ser liberados o deportados a Haití", denunció la Embajada estadounidense.
Tras esto, Santo Domingo volvió a salir al paso para desmentir las acusaciones y recordarle a Washington su, hasta la fecha, "excelente relación bilateral" y el desempeño de República Dominicana como "uno de los aliados más confiables".
De hecho, la Presidencia dominicana lanzó un comunicado en el que incidía en que, en los últimos años, ha sido una de las voces más destacadas a la hora de alertar sobre las condiciones en Haití, especialmente tras el magnicidio del presidente Jovenel Moise en julio de 2021.
Pero por encima de todas las voces críticas destaca la de las autoridades de Puerto Príncipe, que han sido las primeras en alertar de que su país vecino está dando un trato "inhumano y degradante" a los migrantes haitianos, ante lo que se han mostrado "indignados".
Haití denunció una serie de "imágenes estremecedoras" en las que se apreciaba el trato recibido por los migrantes por parte de las autoridades fronterizas de República Dominicana, y exhortó a su país vecino a conceder un "un trato respetuoso con la dignidad humana" a quienes cruzan a la zona este de la isla La Española.
Las autoridades haitianas instaron a República Dominicana a respetar los protocolos de repatriación acordados en a finales del siglo pasado y anunció que la diplomacia de Haití en Santo Domingo emitiría una queja formal sobre la situación.
NUEVO BROTE DE CÓLERA
En medio de toda la crisis migratoria, ha surgido en Haití una preocupación más tanto para la población loca, como para sus vecinos del este: un nuevo brote de cólera, una enfermedad potencialmente mortal a la par que prevenible.
Las autoridades de Haití confirmaron a principios de octubre un nuevo brote de cólera en el país, tras notificar un caso confirmado y anunciar que se encontraba en fase de estudio de otros varios casos sospechosos.
Pocos días después, el Ministerio de Salud de República Dominicana confirmó también el primer caso de la enfermedad en territorio nacional. Santo Domingo informó de que se trataba de una mujer de 32 años que había viajado días antes desde Haití.
Así pues, aunque las tensiones entre Haití y República Dominicana han sido notorias históricamente, se han recrudecido en los últimos años desde el magnicidio de Moise, el aumento de la inseguridad en las calles y una crisis económica y humanitaria, exacerbada por la coyuntura internacional.
Todo esto ha sido el caldo de cultivo que las autoridades dominicanas han aprovechado para reforzar la presencia militar en las fronteras, e incluso la construcción de un muro a lo largo de los límites territoriales con Haití.